La lucha por acceder a la institución matrimonial generó, en un primer momento, fuertes debates dentro del colectivo lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT). Por una parte había quienes sostenían como contradictorio dirigir el activismo y la lucha por pertenecer a una institución (el matrimonio) que ha sido funcional, históricamente, a un sistema patriarcal y heterosexual que mantuvo a las mujeres oprimidas. Por otro lado, estaban quienes sostenían que la Ley de matrimonio homosexual era sólo una de las tantas reivindicaciones del colectivo LGBT, e incluso el matrimonio sería sólo el emergente de un trasfondo mucho más trascendental: la igualdad de derechos para todos y todas y la libertad para elegir, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género.
El contexto actual y la inminente posibilidad de que se sancione la Ley de Matrimonio para personas de un mismo sexo[i] ha instalado el debate en toda la sociedad. Repentinamente, dejó de ser un problema de “algunos pocos/as” para ser una problemática que nos compete a todos y todas. Como lo predijo Roudinesco, en la Familia en desorden (2002): “el deseo de normatividad siembra el desorden en la sociedad”. Un desorden que no debe interpretarse como “el fin de la familia” sino como una puesta en cuestión de la concepción “tradicional” de la misma, que ya viene caducando ante la emergencia de nuevas modalidades vinculares, es decir, familias homoparentales, ensambladas, familias con una madre o un padre. Los reiterados esfuerzos por negar estas formas de vivir en familia tienen efectos sociales, legales y subjetivos.
Los sectores más conservadores y, los que se sienten avalados por “Dios”, empezaron a manifestarse-en nombre de la “tradición”- con impunidad y sin reparo, ejerciendo prácticas y discursos en extremo violentos sobre todas aquellas personas que practican una sexualidad no heterosexual. Sin fundamentos, con afirmaciones falaces y con una auto-atribuida autoridad moral, ética y científica, sostienen que miles de personas son perversas, enfermas e, incluso antinaturales (estos son los términos menos peyorativos que se escuchan) y que, por ende, no serían aptas para la crianza de niños. Aquellos más benevolentes, sostienen que sí estarían aptas pero que el niño criado por padres o madres homosexuales sufriría las consecuencias –discriminación, marginación y tal vez “heredarían” una tendencia homosexual-de la elección de sus padres. Paradójicamente, y lo que no revelan, es que la discriminación es constantemente ejercida por ellos.
Discriminación y violencia resultan indisociables. El acto discriminatorio es un acto violento en sí mismo. Sin embargo, los medios de comunicación resaltan las noticas que tienen que ver con la violencia de los jóvenes, la violencia en el fútbol, en las canchas, la violencia que existe en los barrios pobres, en las calles, etc. Pero la violencia homofóbica sigue manteniéndose invisibilizada: la existencia de ciudadanos de “segunda”, es decir, personas que se encuentran imposibilitadas de gozar de plenos derechos como cualquier ciudadano/a y los efectos que esta situación genera, parece no tener la relevancia necesaria para ser “noticia”. O lo que resulta peor, no es percibido como violencia.
Sin embargo, y a pesar de la evidente falta de consistencia de los argumentos sostenidos por aquellos que se manifiestan en contra del matrimonio (y a favor de los valores de Dios, la familia y la Patria), el peso de dichas afirmaciones y la influencia de organizaciones e instituciones ligadas a la Iglesia y a la elite económica y política pueden llegar a impedir una reforma legal acorde a los cambios sociales y culturales sucedidos en los últimos años ( las modificaciones de la Constitución que otros países-como España- ya implementaron, la visibilidad que han adoptado una gran cantidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans pese a los costos subjetivos y materiales que conlleva, el consecuente mercado que se está desarrollando en torno a “lo gay”, etc.). Es necesario que todos y todas dejemos de negar lo innegable. De sostener lo insostenible.
Por otro lado, desplazándonos de lo público a lo privado, a pesar de que están íntimamente relacionados, es imprescindible tomar conciencia de los daños, temores y consecuencias que implica asumirse lesbiana, gay, bisexual o trans en un contexto social en donde priman los prejuicios, los juicios y los discursos y actos homo/lesbofóbicos. Pensemos por ejemplo, en los riesgos que asume quien decide visibilizarse en el ámbito laboral, (acoso, posibilidad de despido, marginación, burlas, menosprecios, etc.), en los casos extremos en los que la intolerancia y la homo/lesbofobia tiene desenlaces mortales (como el caso de Natalia Gaitán quien fue asesinada el 7 de marzo de este año, por el padrastro de su novia) o los rechazos que se viven, en muchas ocasiones, dentro del ámbito familiar. El núcleo familiar, para muchas comunidades excluidas e históricamente discriminadas (como los negros o los judíos) representaba el lugar donde refugiarse de la marginación y el perjuicio social. Contrariamente, para muchos gays y lesbianas el núcleo familiar es el primer lugar de rechazo y exclusión.
El reconocimiento legal no es el fin en sí mismo de años de lucha del colectivo, es una estrategia fundamental para modificar ciertas concepciones discriminatorias que se reflejan en hábitos y costumbres. Es decir, la igualdad jurídica es sólo una premisa que contribuirá a cambiar, no sólo imaginarios y representaciones sino a mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de personas.
Es tiempo de empezar a hacer visible el hecho de que la heterosexualidad no es más que una naturalización de una norma cultural, que se traduce en la presunción de que todos deberíamos ser heterosexuales. Es hora de acabar con las lógicas binarias que niegan, ocultan y castigan formas diversas de amar, vivir, desear, convivir, etc.
Resulta fundamental el compromiso y la participación de los/las funcionarios/as públicos para dar respuesta, mediante el marco legislativo, a las necesidades de todos/as los/las ciudadanos. Pero no sólo debería tratarse de una reforma constitucional sino que es fundamental la implementación de una educación sexual para niños, niñas y adultos/as que tenga como objetivo la transmisión de valores como la igualdad, la libertad, la diversidad.
La lucha de las mal llamadas “minorías” continuará, más allá de la posibilidad de acceso a la institución matrimonial del colectivo LGBT. La lucha continúa porque lo que hay que poner en cuestión es la manera en que se piensa la diferencia. Queremos una sociedad donde ser diferente no signifique ser inferior, enfermo, perverso o aberrante. Queremos una sociedad donde ser diferente, en relación a una norma social y cultural, no implique la construcción y perpetuación de “ciudadanos de segunda”.
[i] Hasta el momento obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y el 14 de Julio se votará en Cámara de Senadores.
